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Hambruna en zonas sirias sitiadas puede dejar miles de muertos': ONU
La hambruna puede provocar miles de muertes en las zonas sitiadas de Siria donde viven bloqueadas más de 450.000 personas, indicó este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
"Los alimentos, los medicamentos y otros productos de ayuda humanitaria de urgencia son bloqueados de forma repetida. Miles de personas pueden morir de hambre", advirtió Zeid Ra'ad Al Hussein, durante la apertura de la 31.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
"La privación deliberada de alimentos está claramente prohibida como arma de guerra. Por extensión, sitiar (localidades) también lo está", dijo el Alto Comisionado.
La ONU anunció que aprovechará el cese de las hostilidades en vigor en Siria desde el sábado para reforzar sus operaciones humanitarias y asistir en los próximos cinco días a más de 150.000 personas que viven en localidades asediadas por alguno de los bandos en conflicto. (Le puede interesar: Nuevas violaciones en el tercer día de alto el fuego en Siria)
El organismo internacional espera además la luz verde de las partes para "ayudar a 1,7 millones de personas que se hallan en zonas de difícil acceso", dijo el domingo el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU en Siria, Yacub el Hill.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamó por su lado el lunes acceso a las zonas sitiadas con el fin de enviar ayuda médica, "sin embargo, muchas demandas no son aprobadas por las autoridades sirias", lamentó Elizabeth Hoff, representante de la OMS en Siria.
El conflicto sirio dejó en cinco años más de 270.000 muertos y millones de desplazados y refugiados.
Supremo venezolano anula parcialmente poderes de control de Parlamento
A través de una sentencia publicada este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela congeló la capacidad contralora de la Asamblea Nacional al decidir que el Legislativo –de mayoría opositora tras las elecciones del 6 de diciembre- no podrá interpelar a miembros de la Fuerza Armada ni revisar (mucho menos remover) el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El máximo tribunal también decidió imponer condiciones al parlamento para la interpelación de funcionarios públicos “con el objeto de ceñirse a la juridicidad y evitar entorpecer el normal funcionamiento de los Poderes Públicos”, señalando que cualquier llamado a funcionarios debe coordinarse con la Vicepresidencia de la República, limitarse exclusivamente a los miembros del gabinete a quienes se le harán preguntas por escrito y se les permitirá responder de la misma manera.
En un largo entramado de interpretaciones la Sala concluye que los llamados del parlamento a los funcionarios de cualquier otro poder o institución del Estado son intromisiones que distorsionan el equilibrio entre los poderes públicos. En ello ordena la “desaplicación” de varios artículos de la Ley de Comparecencia de Funcionarios Públicos y del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, asegurando que establecen un “control difuso”.
Sobre la Fuerza Armada sólo podrá responder el Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe, prosigue el documento que también declara como “ilegítima” la comisión nombrada por la Asamblea Nacional que estudió la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes el 23 de diciembre de 2015.
Esta comisión concluyó el lunes que al hacer esos nombramientos el saliente parlamento de mayoría chavista incurrió en al menos 17 irregularidades, entre ellas no respetar los lapsos para la postulación de los candidatos ni los de las impugnaciones a las candidaturas y admitir candidatos con insuficientes credenciales académicas e imparcialidad política para ejercer como magistrados.
Con ese documento en mano la nueva Asamblea se disponía a impugnar estos nombramientos e impulsar un nuevo proceso para designación de magistrados, pero la sentencia del Tribunal Supremo, además de anular a la comisión asegura que el parlamento no puede revisar nombramientos hechos en el pasado. “Constituye un imperativo de esta Sala declarar, como en efecto lo hace a través de esta sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas (…) Crear una atribución distinta, como sería la revisión y nueva “decisión o decisiones” sobre los procesos anteriores de selección y designación de magistrados y magistradas, incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial”.
La decisión del TSJ, además de recortar abiertamente las competencias del Poder Legislativo, no fue la única actuación del oficialismo en contra de la Asamblea Nacional, a la cual le ha declarado abiertamente una guerra institucional. Decenas de manifestantes chavistas se apostaron ayer en los alrededores de la sede del parlamento arengando contra la nueva Asamblea, impidiendo el paso de diputados opositores y periodistas que acudían a la sesión ordinaria del martes.
Los gritos de los oficialistas fueron apoyados por diputados del “bloque de la patria” que explicaron claramente la posición del gobierno frente al nuevo Legislativo: “Vamos a protestar hasta que esta Asamblea Nacional caiga”, dijo el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
Visiblemente molesto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup aseguró no estar sorprendido por la sentencia pero señaló que su despacho la responderá en los próximos días. Ramos también fue llamado a declarar ante la Sala Constitucional del TSJ, una instancia a la que tanto él como el resto de la oposición ha denunciado como usurpadora de la voluntad popular.